-AHORA SERÁN LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE LAS TARJETAS LAS RESPONSABLES POR EL FRAUDE REALIZADO CON TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO O PREPAGO:

La Ley número 21.234 publicada el 20 de mayo de 2020 modifica la ley Nº 20.009, la que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjeta de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

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Esta ley establece la responsabilidad en el caso de fraude con tarjeta de pago o mediante transferencias electrónicas en aquellos casos en que el titulara extravío su tarjeta o se la robaron o hurtaron.

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La ley establece la siguiente normativa:

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1º.- Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas, podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor.

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2º.- Tan pronto el usuario tome conocimiento del extravió, robo, hurto o transacción electrónica fraudulenta realizada mediante su medio de pago o tarjeta debe informar a la institución emisora de la tarjeta (Banco, financiera, cooperativa, etc.)

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3º.- La institución emisora de la tarjeta en el acto de recepción del aviso deberá entregar al usuario un número, código de recepción o identificador de seguimiento, y la fecha y hora del aviso, procediendo de inmediato al bloqueo respectivo del medio de pago, en lo referido a su funcionalidad para efectuar pagos o transacciones electrónicas. Además deberá proveer al usuario, todos los días del año, las veinticuatro horas del día, de canales o servicios de comunicación, de acceso gratuito y permanente, que permitan efectuar y registrar los referidos avisos.

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4º.- El emisor de la tarjeta deberá enviar al usuario, de la manera más expedita posible, y a través del medio que el usuario hubiere acordado o registrado con el respectivo emisor, una comunicación que incluya el número, código de recepción o identificador de seguimiento, y la fecha y hora del aviso. En todo caso, la falta de dicha comunicación no afectará la validez del aviso efectuado por el usuario.

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5º.- En el caso de que las tarjetas o los medios de pago sean utilizados con posterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, el emisor será responsable de tales operaciones y sus consecuencias económicas.

Por ende, el usuario del respectivo medio de pago quedará liberado de responsabilidad por estos conceptos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle con motivo del extravío, hurto, robo o fraude respectivo.

Las cláusulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el usuario, por operaciones realizadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, no producirán efecto alguno y se tendrán por no escritas.

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6º.- ¿QUÉ OCURRE CON LAS TRANSACCIONES FRAUDULENTAS REALIZADAS CON ANTERIORIDAD AL AVISO?

El usuario podrá y deberá reclamar al emisor aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, en el plazo de treinta días hábiles siguientes al aviso. Los plazos de días hábiles que establece esta ley no considerarán los sábados, domingos ni festivos u otros que no correspondan a días hábiles bancarios. El reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los ciento veinte días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario.

Por ejemplo si doy aviso el día 30 de abril de 2020 tengo 30 días hábiles desde esta fecha para reclamar a la institución emisora de la tarjeta transacciones bancarias no autorizadas por el titular de la tarjeta realizadas entre enero de 2020 y el 29 de abril de 2020.

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7º.- En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre.

El solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables, sin perjuicio de la acción contra el autor del delito.

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8º.- El emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento.

Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el párrafo precedente. Respecto del monto superior a dicha cifra el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del párrafo siguiente, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte.

Si en el plazo anterior, el emisor recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.

En definitiva hasta antes de la modificación legal el banco o el emisor de la tarjeta de pago solo era responsable de las sumas defraudadas con posterioridad al aviso dado por el usuario de la tarjeta. Ahora la ley permite que el emisor de la tarjeta también sea responsable de las sumas defraudadas 120 días antes del aviso que el usuario da a la institución emisora de la tarjeta. Además la carga de la prueba es de la institución emisora de la tarjeta no del usuario de ella, esto significa que es la institución emisora de la tarjeta la que debe probar que no tiene responsabilidad en el fraude no el usuario como era antes de la modificación de la ley.